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Un opositor boliviano busca evitar el arbitraje en la expropiación de sus acciones en una cementera

KBNT News
September 5, 2010. 03:22 PM

La Paz, 5 sep (EFE).- El empresario y dirigente opositor Samuel Doria Medina dijo hoy que espera evitar un arbitraje internacional para determinar el valor de sus acciones en una fábrica de cemento que el miércoles le expropió el presidente Evo Morales, al igual que a sus socios del grupo mexicano Chihuahua.

En declaraciones a la radio Erbol, Doria Medina señaló que para ello su intención y la de sus socios mexicanos es que una entidad independiente valore las acciones nacionalizadas.

"Esperan que sea una valoración independiente, de un tercero. Ellos tampoco quieren entrar a un arbitraje, si es que se puede tener un arreglo desde ese punto de vista", indicó, a la vez que anunció el arribo a Bolivia, la próxima semana, de inversionistas de México.

Doria Medina, líder de la centrista y minoritaria Unidad Nacional (UN), compró acciones de la empresa cementera mixta Fancesa, en la región sureña de Chuquisaca, por un valor de 26 millones de dólares, que ahora se cotizan en 80 millones, según explicó.

"Si el Gobierno nos devuelve el mismo monto con el compramos las acciones de Fancesa no vamos a aceptar, porque es como comprar una casa y a los diez años llegue el dueño y le digan que le devuelven el dinero, pero la casa se ha mejorado", argumentó el empresario.

Morales expropió las acciones de la empresa de Doria Medina, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) y que cuenta con un 47% de participación del Grupo de Cementos Chihuahua, en Fancesa, equivalente al 33% del capital, en beneficio de la gobernación de Chuquisaca, dirigida por el oficialista Esteban Urquizu.

El mandatario justificó la nueva confiscación, que se suma a decenas en los últimos cinco años, con el argumento de que Soboce obtuvo de forma "ilegal" sus acciones en 1999.

En ese sentido, el Gobierno de Morales acusó de corrupción y tráfico de influencias a Doria Medina, ya que siendo ministro de Planeamiento en 1992 promovió leyes que le habrían beneficiado en la compra de las acciones de Fancesa.

El empresario dijo entonces que la acusación sería cierta si le hubieran "regalado" las acciones, y calificó la expropiación de "cortina de humo" y de "abuso de poder" que mermará las inversiones nacionales y extranjeras.